José Eduardo Valdizán y Jorge Rolando Barrios  participan en un juicio para determinar la inocencia o culpabilidad de la figura de Justo Rufino Barrios, ex presidente de Guatemala, quien gobernó durante el período comprendido de 1873 a 1885 y puso en marcha la Reforma liberal. 

Valdizán como parte acusadora manifiesta que la historia oculta la verdad sobre Justo Rufino Barrios y lo culpa de dictador, asesino y abusador del poder, por expulsar y despojar de las tierras a miembros de órdenes religiosas; así como ceder el territorio de Chiapas a México y de otorgarle otros privilegios. También, lo señala de poner en peligro a Centroamérica, y de querer perpetuarse en el poder, entre otros delitos que son denunciados en las obras: Apuntamientos para la historia de Guatemala, de Francisco Lainfiesta e Historia General de Guatemala, de Asociación Amigos del País. 

Barrios, como defensor, refiere que el hostigamiento, persecución y expulsión de la Iglesia católica la inició Carlos III de España en 1767; y que posteriormente, lo hicieron otros gobernantes anteriores a Barrios, quienes continuaron clausurando conventos y confiscando bienes debido a los abusos de poder del clero. Refiere que cuando Barrios asumió la presidencia tomó acciones que ya estaban encaminadas sobre ese particular; que su llegada al poder fue legítima. También, explica sobre la situación de los territorios y esfuerzos que hizo por consolidar la unión centroamericana.